Papeles para inmigrantes indocumentados

El diario El País informa que el gobierno no está de acuerdo en entregar ningún tipo de documentos o papeles a los inmigrantes irregulares que no puedan deportar hasta que salgan del país.

El Mediador y el Senado piden papeles para inmigrantes

Según este diario, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Secretaría de Estado de Inmigración que otorgue un permiso de trabajo temporal a los extranjeros cuya nacionalidad u origen no puede determinar y no tiene más remedio que liberarlos sin poder ejecutar una orden de expulsión.

Las razones dadas por el gobierno son que estos papeles o documentos animarían a las mafias que comercian con inmigrantes, convirtiendo a estos extranjeros en "residentes". El Mediador insistió por segunda vez en que el gobierno acepta reconsiderar su posición. Sin embargo, el gobierno reiteró su negativa.

Inmigrantes impenitentes

Los inmigrantes baratos son aquellos que han entrado en España de forma irregular y las autoridades españolas no pueden determinar su lugar de origen ni su nacionalidad. Esto evita su repatriación porque desconocen el tipo de acuerdo a aplicar, según su país de origen.

Cuando estos inmigrantes son interceptados, ingresan a los centros de detención para extranjeros. En estos centros, pueden ser de 40 días. Si los funcionarios no pueden determinar el país de origen, el inmigrante es liberado con una decisión administrativa de deportación, que en la práctica no se puede hacer cumplir.

Documento de identidad, pero no válido para trabajar

La resolución administrativa del inmigrante tiene carácter identificativo, pero estos papeles no permiten a los inmigrantes trabajar ni llevar consigo ningún tipo de regularización. Según los especialistas, esta situación fomenta la explotación y el abuso laboral, trabajos ilegales (tapa superior), etc.

Suelen ser inmigrantes trasladados desde Canarias, Ceuta o Melilla a la península y países africanos. Precisamente, la petición del Mediador de conceder papeles a estos casos tiene su origen en 173 inmigrantes subsaharianos trasladados desde Canarias a Andalucía. "Un documento de control de identidad" que les permitiría "ejercer más fácilmente una actividad profesional cuando su expulsión no fuera posible".

A solicitud del Mediador, el propio Senado se adhirió en junio de 2006, adoptando por unanimidad una resolución en la que invitaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de otorgar a estos inmigrantes imprescindibles un permiso de residencia y obtener un permiso de residencia. Permiso extraordinario de trabajo temporal, hasta la expulsión.